Con la inclusión de implicados en delitos de sangre con condena cumplida en sus listas municipales, Bildu ha conseguido tres objetivos:
- Una posición de fuerza ante su electorado,
- debilitar a la coalición de gobierno con la que vota
- y ser el centro de una campaña electoral que no es nacional, sino municipal y autonómica, una obviedad que debería ser innecesaria de recordar.
No, Bildu no se presenta en Aragón ni en Murcia ni en otras comunidades distintas al País Vasco o Navarra, allá los votantes de allí con sus decisiones sobre unas candidaturas éticamente reprobables y penalmente legales, pues el derecho penal devuelve los derechos ciudadanos una vez cumplida la condena.
Pero el debate en Aragón y en las demás comunidades debería ser otro y amplio: desde cómo se articulan las renovables en un territorio excedentario en producción eléctrica que se exporta sin beneficios a otras comunidades, hasta cómo mantener la escuela rural, la sanidad o cualquier otro servicio público en zonas despobladas a las que no quieren ir los profesionales, pasando por los problemas de vivienda, el reparto de los fondos del turismo o la lucha contra la sequía, entre otros muchos.
Céntrense, señores candidatos, en sus comunidades y sus pueblos, no distraigan nuestra atención ni la suya del discurso sobre lo próximo, tiempo habrá en el segundo trimestre de este electoral 2023 para hablar de política nacional.
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