La cosa esa de la igualdad territorial

Llevamos unos meses, desde el acuerdo para la financiación de Catalunya, en los que toda la derecha, el ala recalcitrante del PSOE y partidos varios claman por la igualdad interterritorial y apelan a la Inmaculada Constitución para cimentar sus exigencias. Sin embargo, este clamor igualitario no deja de ser una pose que tiene más de hipocresía política que de realidad. Veamos:

1. En 2012 el PP ofreció lo mismo.

Corría el año 2012 cuando el gobierno presidido por M. Rajoy ofreció a la Catalunya gobernada por Mas, una hacienda propia que le permitiera recaudar sus impuestos al estilo vasco o navarro y una financiación singular, pero entonces no se rompía España, porque España solo se rompe cuando dicen ellos (un día sí y otro también si no gobiernan) y no cuando, realmente la rompen ellos (recuérdese la campaña del PP para declarar inconstitucional artículos de un estatut catalán que sí recogen otros estatutos como el valenciano o el andaluz y que desencadenó, como respuesta política y popular el auge del independentismo y el procès). Y es que, contra Catalunya vivían mejor (o cosechaban más votos, que lo mismo da).

2. La Constitución consagra la desigualdad territorial.

La tan manida Constitución consagra la desigualdad en la financiación al conceder, en su disposición adicional primera, un régimen especial para los territorios forales (Euskadi y Navarra) por razones históricas (o sea, que el mismo rey que se las mantuvo a ellos, se las quitó a Aragón y Catalunya -que no apoyaron su causa- en aquel decreto de nueva planta -el rey era Felipe de Anjou, el primer borbón que gobernó como Felipe V y que condicionó así toda la posterior historia española hasta hoy). 

Y, aunque se hable poco de eso, la disposición adicional III permite que Canarias no tenga IVA, sino IGIC, que aplica un tipo único del 7%.

Así es que la desigualdad no es desigual si la ampara la Constitución, hipocresía legal se llama eso.

3. La autonomía fiscal existe

Las comunidades autónomas pueden regular aquellos impuestos que ellas recaudan y ello es una fuente de desigualdad que es aplaudida e imitada por quienes critican el caso catalán. Veamos un ejemplo: La Comunidad de Madrid bonifica en su totalidad el impuesto sobre el patrimonio que deberían pagar los más ricos desde el año 2011. Podemos pensar que mejor para ellos, pero si miramos la gráfica adjunta, veremos que numerosos patrimonios se han radicado en la CAM para librarse de abonar el impuesto.

El flujo de declarantes con un patrimonio superior a 700.000 € desde otras comunidades hacia Madrid creció desde 2010 (cuando se anunció la supresión de patrimonio) hasta 2015 (último año del que hay datos) creció en 6.000 personas cuyo perfil medio es tener más de 65 año y ser rentistas. Este es el caso: de las 600 personas que declaran más de 30 millones de euros, alrededor de 400 residen en Madrid donde se estima que son unas 15.000 personas en la actualidad quienes se benefician de la exención. 

Si volvemos a pensar de nuevo que mejor para ellos, debemos fijarnos que esta bonificación afecta solo al 0,5% de la población y que esas personas acumulan el 19% de la riqueza total, lo que supone que el beneficio es para unos pocos pero la no recaudación repercute en los servicios públicos de todos, no en vano, y por poner un solo ejemplo, el gobierno ganador de Ayuso es el que menos invierte en sanidad pública de toda España y lo mismo ocurre en educación y servicios sociales (pero, eso sí, reclama al gobierno central la financiación que Madrid no recauda, del orden de 1.000 millones anuales o 14.000 millones desde que se instauró la bonificación -que ya comenzó con exenciones parciales en 2008-):

Por cierto, que la segunda comunidad que menos invierte en sanidad es Andalucía que también anda en exenciones del impuesto de patrimonio ¡Qué cosas!

Allá ellos, podemos decir, pero no, porque esto repercute negativamente en el resto de comunidades, y lo hace de tres formas:

1. La huida: Obviamente la comunidad que pierde declarantes en favor de Madrid, pierde ingresos
2. La imitación: Otras comunidades intentan paliar la sangría reduciendo su impuesto de patrimonio, lo que supone menor recaudación. Por poner en cifras estos dos casos: la recaudación por impuesto de patrimonio en el total de España bajó de los 2.360 millones en 2008 –el último año con el impuesto sin bonificar en Madrid– a 1.267 euros en 2017. Es decir, el resto de comunidades perdieron 1.000 millones en 2017 a causa de la competencia fiscal madrileña o andaluza.
3. El IRPF: Pero ¿si Madrid no recauda el impuesto de patrimonio, en qué le beneficia acoger prófugos fiscales? Está claro: quien quiera estar exento ha de empadronarse en la comunidad madrileña y eso supone que ha de tributar allí por IRPF, la renta, del que las comunidades gestionan el 50%. De esta forma, el resto de las comunidades han perdido el 4% de su recaudación por IRPF, el mismo porcentaje en el que ha crecido la recaudación en Madrid.

A las acusaciones de dumping fiscal, Ayuso responde con su proverbial estilo: “Lo que tienen que hacer las comunidades gobernadas por independentistas y socialistas es seguir el mismo camino, como está haciendo ahora Andalucía”. Y no conforme con eso, ahora anuncia más rebajas, esta vez en el impuesto de sucesiones. Recordemos otras consecuencias de este rebajar para cañas, por ejemplo que el ejecutivo madrileño destina a educación un 2,26% del PIB, mientras la media nacional está en 4,21%, menudo ejemplo.

4. Parasitismo energético

Aunque hay muchas más cuestiones a considerar, como el domicilio social de las grandes empresas que producen en todo el territorio pero tributan allí donde están radicadas cuando lo realmente solidario e igualitario territorialmente hablando sería que lo hicieran en cada territorio donde generan sus beneficios (las grandes constructoras, aseguradoras, parte de la banca, telecomunicaciones...), me centraré en las energéticas: seis comunidades consumen más energía de la que producen, por este orden: Madrid, Andalucía, País Vasco, Comunidad Valenciana, Cataluña y Cantabria; cuatro prácticamente son autosuficientes: Baleares, Murcia, Canarias y la Rioja, y las siete restantes generan más energía de la que consumen y suministran gigawatios a las deficitarias.

Basta echar un vistazo a la gráfica adjunta para comprobar que el desarrollo de algunas comunidades como la de Madrid no se sustenta en recursos propios, sino en el excedente de producción eléctrica de otras comunidades vecinas. Y es que la de Madrid no es solo una de las comunidades españolas deficitarias en producción eléctrica, sino que es la más deficitaria con diferencia. Según los datos de Red Eléctrica Española, en 2021 generó 205 Gigawatios/hora, mientras que su consumo se elevó a 27.413 GW/h, o lo que es lo mismo, solamente produce el 4,8% de la energía que gasta. Me dirán que no solo Madrid está en ese caso de exceso de consumo, pero las cifras no mienten: Andalucía, que es la siguiente comunidad deficitaria, produce el 74,6% de su consumo o, por aquello de las odiosas comparaciones, Cataluña genera el 89,2% de su gasto eléctrico.

El mapa de centrales nucleares de España habla por sí solo: Cataluña o Valencia tienen las propias y la comunidad de Madrid se rodea de 5 de las 10 centrales existentes, pero ubicadas en otras comunidades.

Viendo los nombres de las comunidades excedentarias en producción eléctrica, la conclusión es patente: la España vaciada produce energía eléctrica para que las comunidades ricas y pobladas puedan consumir por encima de sus posibilidades, el caso más patente es Extremadura, que genera cuatro veces más de lo que consume. Y mientras el paisaje de Aragón se llena de parques eólicos incluso en territorios que deberían estar (y algunos están) protegidos la comunidad de Madrid ni tiene aerogeneradores en la Castellana ni produce ni un solo megavatio eólico para las grandes eléctricas.

Así que cuando quieran, hablamos de igualdad territorial, pero en serio y no solamente para lo que convenga en cada caso.